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jueves, 11 de septiembre de 2008
Editorial del Boletín Nº 1 del Comité Nacional de la JR
 BOLETÍN Nº 1 de Información y de Lecturas Editorial Está pronto a cumplirse el 25º aniversario de la recuperación de la democracia, y un recordatorio que hubiera podido resultar meramente casual, ha adquirido para los argentinos un significado relevante, en particular tras el conflicto desatado entre los sectores productivos del campo argentino y el gobierno nacional entre marzo y julio de este año. En efecto, este conflicto iba adquiriendo una escalada de consecuencias cada vez más imprevisibles y preocupantes, hasta que la presión popular obtuvo que los actos administrativos cuestionados en sus efectos por un sector importante de la economía, fueran revisado por el Congreso Nacional. José Luis Romero refirió alguna vez que el conjunto de instituciones que hacen a la República Democrática (esto es, soberanía popular, imperio de una legalidad racional, equilibrio de poderes) eran fruto de una evolución acontecida en determinados estados de la Europa capitalista (lo que incluye a los EEUU), evolución que implicaba tanto a la producción filosófica como al desarrollo socioeconómico, con lo que el drama de la democracia argentina encontraba sus raíces profundas en el transplante de un proceso revolucionario proveniente de otras latitudes que se dio de bruces contra la dura realidad del desierto argentino. El fracaso de la Argentina liberal, en progresiva democratización desde 1912, se evidenció tras el golpe de estado del 6 de septiembre de 1930 y medio siglo de péndulo cívico-militar. Por cierto que cuando desde la Juventud Radical hablamos de liberalismo, nos referimos al liberalismo político –no al económico- entendido como doctrina de la libertad de la persona, del respeto y custodia de los derechos humanos por parte del Estado -derechos en constante avance- y de un orden social donde prime la tolerancia en la convivencia, garantizada a partir de instituciones democráticas. Y es claro que no existe libertad sin igualdad de oportunidades y distribución justa del ingreso nacional. No hay libertad sin políticas públicas que operen la reforma económica en una dirección igualitaria. Y es que en nuestro país, el término liberal fue objeto de un secuestro con tortura incluida, en gran medida por la prédica del economista y político conservador Alvaro Alsogaray, que sirvió para justificar tiranías que ni siquiera eran liberales en economía, porque el Estado fue utilizado para favorecer a empresarios sin espíritu de empresa y configurar un capitalismo de amigos.[1] El desprecio a la legalidad republicana, al procedimentalismo presuntamente lento del régimen democrático y las rutinas constitucionales, el culto a la excepcionalidad de la hora de la espada desarrollado por igual tanto por la derecha tecnocrática y el partido militar como por alguna izquierda fascinada por la aurora revolucionaria, concluyeron en la violencia política de los ’70 y el terrorismo de Estado antes y después del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Aquel golpe se veía como algo inevitable. Y es que el golpe de estado militar constituía un mecanismo incorporado a la constitución política material del país. Así por caso, podemos leer en una circular de la Mesa Nacional de la Franja Morada firmada por su secretario general, J.C. Montero, fechada el 24 de febrero de 1974, donde se procede a la reorganización interna “pues la alternativa de un golpe de estado en el país es cierta y posiblemente cercana”. Se decía allí que la “Juventud Radical tiene distintos frentes de militancia. Uno de ellos, la Universidad, es donde corresponde actuar a Franja Morada. Se evaluó por consiguiente que dicho frente de masas no podía ser abandonado por nuestros militantes” y se detallaban algunas medidas y recomendaciones de seguridad para los militantes radicales reformistas. En otra circular fechada el 10 de abril de 1976, la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical consideraba “la violencia de ultraizquierda que con su accionar ayudó a crear las condiciones propicias para el golpe.” También se analizaba, aunque como causas “menos importantes”, a la “incapacidad de la oposición para romper el aislamiento y ofrecer una alternativa” expresando que “en esto le cabe gran responsabilidad a la conducción de la UCR”, en referencia a la Línea Nacional de Don Ricardo Balbín. La larga noche del proceso de reorganización nacional y la derrota en la guerra de Malvinas supusieron el retorno de aquellas urnas que estaban bien guardadas. Triunfó el candidato renovador del viejo partido radical, y el peronismo sufrió su primera derrota electoral en la historia. ¿Qué fueron de estos 25 años de ininterrumpida continuidad democrática desde aquella festiva jornada electoral del 30 de octubre de 1983 en que el pueblo argentino votó por los electores de la Unión Cívica Radical que consagrarían a Raúl Alfonsín como presidente de la Nación? Sin duda que las dificultades económicas y el jaque político y militar al gobierno radical de 1983/1989, y las circunstancias de la salida anticipada del poder[2] en julio de 1989 opacaron los logros de aquel radicalismo cuya voz pronunciaba que con la democracia se come, se educa y se cura. La renuncia de Alfonsín y la tierra arrasada que dejó la hiperinflación de 1989/1990 dieron lugar a la legitimación popular de los actores políticos que hicieron de las debilidades estructurales de la economía argentina la ocasión de negocios y de una falsa modernidad a la que había que entrar haciendo cirugía mayor sin anestesia. La democracia pareció volverse aquella rutina electoral de votar cada dos años a los representantes del pueblo, mientras las condiciones sociales y económicas tendían a la pauperización de las mayorías, y las instituciones de la democracia, entre ellas los partidos políticos y los cuerpos legislativos, sufrían una progresiva deslegitimación. Desde el Comité Nacional de la Juventud Radical, en este último tiempo se ha puesto de resalto el rol que le cupo al Congreso Nacional y a los Partidos Políticos en la canalización de la crisis del 2001/2002, en el momento de mayor deslegitimación social de estas instituciones. Sin embargo, la respuesta social ante el vacío de poder percibido durante el interregno entre los gobiernos de Menem y Kirchner, fue la legitimidad con que operó la concentración de facultades y recursos en el Poder Ejecutivo Nacional, en desmedro del Poder Legislativo y de las esferas de autonomía correspondientes a las entidades sub-nacionales. Esta dependencia financiera de las Provincias de un gobierno central con manejos arbitrarios y anómicos profundizó la percepción de una Democracia sin República, e incluso de una Democracia que resultaba poco creíble como tal, lo que se evidencia aun más al analizar los diversos regímenes provinciales existentes, con sociedades civiles subordinadas a un poder político concentrado y fusionado con el poder económico local, sin lugar para expresiones de disensos y a veces, sin garantías para la integridad psico-física. La presión social que concluyó con el envío desde el Poder Ejecutivo al Parlamento del haz de actos administrativos cuestionados, nos recordaron a acontecimientos que constituyen hitos del parlamentarismo y el constitucionalismo, donde el Rey se veía forzado a convocar al Parlamento o los Estados Generales. No pretendemos ironizar al respecto. La explicación de Romero a que hacíamos referencia, tiene valor para nosotros en la medida que el rol que le cupo al Congreso Nacional en la canalización del conflicto por las retenciones a la exportación de productos agrícolas, significó para el hombre y la mujer argentinos tomar conciencia de la importancia de las instituciones republicanas. Es decir, el hombre de a pie, la gente[3] experimentó en carne propia, en su cotidianeidad, la diferencia que existe entre tener una República y no tener sino una mera fachada de ella. Los últimos 19 años han sido de gobiernos peronistas, haciendo salvedad del período de dos años y 10 días de nuestro último gobierno. En estos años de hegemonía peronista no es posible afirmar que la Argentina se haya encaminado hacia el éxito, si no mas bien que se ha profundizado el camino hacia el subdesarrollo. Los argentinos celebramos pues 25 años de Democracia. ¿Qué queremos para los próximos 25? A esa sociedad que hoy nos vuelve a mirar, el partido de los radicales ha de ofrecerles un país integrado al mundo con inteligencia, con un Estado Nacional sólido, ágil y dotado de capacidades burocráticas, imprescindibles para actuar con honesta autonomía. Respeto a las libertades, igualdad de oportunidades, solidaridad fraterna entre todos los hombres y mujeres que habitan el suelo argentino, traducida en políticas públicas que con criterios objetivos construyan ciudadanía. Libertad e igualdad, no mero igualitarismo plasmado en la sola dádiva en clave de clientelismo, El Radicalismo se está volviendo a vertebrar en la Unión Cívica Radical. Desde el Comité Nacional de la Juventud estamos trabajando para profundizar la tarea de modernización y actualización partidaria, siempre apegados a los postulados libertarios y reformistas plasmados en la Profesión de Fe Doctrinaria. Hoy es tiempo de trabajo, por la libertad del pueblo, en procura de una Argentina moderna y solidaria. Nuestras herramientas son la pluma y el martillo. Comité Nacional de la Juventud Radical [1] Y es que en nuestro país suele llamarse liberales a los conservadores, que si hay algo que no son es, precisamente, liberales. [2] “Con el sistema vigente entonces, en cambio, se daba una situación paradojal: Alfonsín se veía obligado a seguir gobernando, aunque ya menguada la base de legitimidad de su poder. El Justicialismo había obtenido [en 1987] la mayoría de los votos, gobernaba en casi todas las Provincias, tenía la mayor cantidad de senadores y diputados ¡pero seguía estando en la cómoda posición del partido opositor! No se comprometía con las políticas del Gobierno, ni con las decisiones duras o antipáticas que el Gobierno debía adoptar en materia económica. Peor aún, las saboteaba y criticaba. En 1989 se realizan las elecciones presidenciales que gana el Justicialismo. Pero Alfonsín debe continuar gobernando durante seis meses más, hasta diciembre. Si hasta ese momento ha contado con un poder menguado, desde mayo ese poder prácticamente desaparece [...] Un gobierno sin poder político, ni capacidad de maniobra, se ve obligado a abandonar la escena ¿seis meses antes, como dicen algunos? ¡Mas bien casi un año y medio después!” SALDUNA, Bernardo; julio 1997, Cabe hacer memoria y mencionar, desde una óptica puramente lúdica, a aquellos que tras azuzar con aquella renuncia del presidente Alfonsín, luego desistieron con malicia y cobardía de competir en una segunda vuelta electoral, habiendo obtenido el primer lugar en la primera vuelta. [3] Dejando al margen las connotaciones que esta voz contiene y que no son neutras en modo alguno. 
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