Interés general y reclamo sectorial La presidente de la Nación en su discurso del 25 de mayo expresó que antes del interés de un sector se encuentra el del conjunto social. Y en efecto, el fundamento racional del poder político se haya en la soberanía popular, la cual coincide -o debe coincidir- con el interés general.

Es sin duda cierto que el interés general está por sobre los reclamos de las “fuerzas vivas” de una sociedad, expresada en las diversas corporaciones, aunque no es menos cierto que la armonía social y el desarrollo de un país debe encontrarse en la compatibilización de las diversas aspiraciones sectoriales, subordinadas siempre al bienestar general, generalidad que nunca puede hacerse a costa de los derechos civiles, políticos y sociales del individuo, cuya eminente dignidad es el eje central de la democracia republicana.

Debe decirse sin embargo, que este oficialismo no tiene autoridad alguna para reclamar que en la Argentina no opere la lógica corporativa, la cual se ha fomentado, excluyendo como interlocutores válidos a las organizaciones partidarias, y sobre todo, inhibiendo la labor institucional del Poder Legislativo.

Esta desmesurada atribución de facultades al Ejecutivo Nacional va mucho más allá de las dos razones que podrían justificarlo parcialmente, cuales son la emergencia -contemplada en las modificaciones introducidas por la reforma constitucional de 1994- y la complejidad técnica de cuestiones que son más propias del poder administrador, para lo que existe la reglamentación de las leyes. Por otra parte, el amplio predominio de las fuerzas oficialistas en el reparto del poder institucional hace aún más visible la desaprensión hacia las formalidades republicanas, mentalidad que define tanto a las derechas autoritarias como a quienes durante las décadas del ’60 y ’70 veían en la democracia una tortuga lenta que obstaculizaba la revolución social.

El oficialismo gobierna al margen de la legalidad, por resolución del Ejecutivo y con una reglamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia sancionado por el parlamento que tergiversa el concepto mismo de ley del Congreso.
¿Qué autoridad tiene un gobierno eminentemente patrimonialista, que confunde lo que es público y lo que es privado de manera escandalosa, para reclamar a un sector que ceda en sus intereses... sectoriales?

No se trata pues de la formulación de tecnicismos legales que no se compadecen con la complejidad de los procesos históricos. Vemos con preocupación que el desprecio a la ley es, en realidad, el desprecio a la palabra y a la posibilidad de elegir la racionalidad política como camino para la discusión sobre la cosa pública.

Hemos escuchado además a hombres del oficialismo expresar, con ligereza y soberbia, cosas que si bien ya no nos asombran, son igualmente preocupantes, básicamente centradas en que las decisiones del gobierno son las que interpretan el interés general, y que cuestionar las medidas de gobierno es no respetar el resultado electoral de octubre pasado.

El interés general es un concepto político, y va más allá de la legitimad para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo. Cuestionar medidas gubernamentales es inherente al ejercicio de los derechos civiles y políticos.

La soberbia de la actual versión del justicialismo en el gobierno pretende estar haciendo epopeya en clave de izquierda. Pura estética. Una política que tienda a la igualdad social entrañaría, a los efectos de la distribución del ingreso que se declama, reformas en el sistema tributario orientadas a limitar la repercusión impositiva en los bienes y servicios básicos y la aplicación de criterios en el gasto público que hagan posible que los ciudadanos con ingresos fijos o sin ingresos salariales tengan efectivo acceso a servicios esenciales cuya prestación está a cargo de las instituciones estatales, lo que a su vez implica mejorar capacidades de gestión.

Aunque parezca una perogrullada, la democracia argentina que el 30 de octubre próximo cumple 25 años demanda a sus gobernantes que sean más... democráticos.


Ramiro Pereira
Vicepresidente 2º del Comité Nacional de la Juventud Radical