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lunes, 15 de septiembre de 2008
Homenaje de la Juventud Radical Argentina a 35 años del derrocamiento de Salvador Allende

Salvador Allende


Se cumplen 35 años del 11 de septiembre de 1973, fecha en que fuera derrocado el gobierno constitucional, democrático, libertario e igualitario del presidente chileno Salvador Allende, y que le costara la vida.
La Juventud Radical, que estuvo presente en la asunción de Allende como presidente de la hermana República de Chile en 1970, y que vivió como propia la esperanza y sintió el dolor de la tragedia de aquel golpe de estado, rinde homenaje al líder socialista, paradigma del político democrático y progresista.

SALVADOR ALLENDE. A 35 años de su derrocamiento y muerte, su legado sigue vigente.

Una persona , por lo finito de la existencia del ser humano , trasciende en la historia por sus acciones, coherencia e influencia que su obra legó a la sociedad; en algunos casos la construcción de su propia familia y sus acciones particulares lo destacan entre los propios, pero en otros casos sus acciones sirven para la construcción de mejorar lo colectivo y lo social que lo rodea e incluso inspirando a las generaciones que lo suceden para continuar este mensaje.

Hoy a 35 años del derrocamiento del gobierno constitucional, libertario e igualitario que presidía y que acabó con su vida, sabemos que Allende se encuentra en aquel privilegiado lugar.
En una América que está despertando luego del largo letargo producido por la irrupción militar y la influencia del neoconservadurismo, se entiende que la pasión y la acción de un hombre puede perdurar en el tiempo.
La paciencia es una virtud importante que denota sabiduría y a pesar de que tantas veces se intentó borrar su mensaje, aún hoy sigue vigente para millones de sus compatriotas chilenos y otros tantos del mundo entero.
Paciencia, democrática paciencia en llevar un mensaje, que luego de tres elecciones en que le tocó perder como candidato a presidente, finalmente logró acceder al gobierno constitucional de Chile para transformar en realidad la vía democrática al socialismo.
Qué diferente sería este mundo, si la experiencia del socialismo humanista, pacifico y libertario hubiera llegado al su fin y hubiera contagiado al resto del mundo, ese mundo europeo que lo miraba e intentaba entender, para tal vez tomarlo de ejemplo.
Pero es el egoísmo de ciertas minorías es el que ha hecho que a lo largo de la historia sean necesarios muchos mártires para cambiar las cosas y concretar la idea de una sociedad mas justa e igualitaria.
Hoy, el desafío de los jóvenes es intentar entender la realidad que nos toca vivir y construir, en tiempos donde se agotaron los grandes relatos de la historia, dónde la realidad es mas compleja y fragmentada y paralelamente, donde existe grandes retrocesos en la distribución de la riqueza y la igualdad de los hombres.
La mejor manera es entender el mensaje de aquellos que lucharon por un mismo sueño, un mismo objetivo, y adaptarlos a la realidad actual , pero siempre teniendo en claro que, a 35 años de la infamia del golpe de estado contra el gobierno constitucional, democrático y popular del presidente Allende, la esencia de nuestra acción es la misma, y afirmamos nuestras convicción en sus últimas palabras al pueblo de Chile, por que sabemos que "mucho mas temrpano que tarde se abrirán las grandes alamedas, por donde pasará el hombre libre para construir una sociedad mejor"

Comité Nacional de la Juventud Radical
sábado, 13 de septiembre de 2008
La flor del mal. Por Rodrigo Lopez Tais

La Flor del Mal.


“…Y otras, cuya garganta gusta de escapularios,que, ocultando un látigo bajo sus largos vestidos,mezclan en la noche oscura y los bosques solitariosespuma del placer y lágrimas de la tortura.” Charles Baudelaire.


El miércoles 6 de agosto, los argentinos asistimos absortos a un espectáculo apologético y escandaloso. Luego de que el Tribunal Oral Federal de Corrientes dictara la condena por delitos de lesa humanidad a cuatro ex militares, Cecilia Pando, notoriamente alterada, se dirigió primero a los Jueces, a quienes insultó, y luego al secretario de Derechos Humanos de la Nación, a quien con un inequívoco gesto intimidatorio le espetó una señal de degüello. "Te voy a matar con mis propias manos, me voy a encargar yo de hacerte mierda. Las van a pagar", le gritó ya completamente fuera de control.


La temeraria reacción de Cecilia Pando no fue fruto de una alteración repentina de sus facultades mentales. Es la reivindicación del terrorismo de Estado por parte de aquellos que aún hoy, a 25 años de la recuperación de la democracia en la Argentina, no terminan de asumir valores democráticos ni el compromiso cívico que implica vivir en un Estado de derecho.


Ante esto, la defensa colectiva de la república y de la democracia en el marco del Estado de derecho no admite diferencias menores. La república entendida, al decir de Raúl Alfonsín, como la institucionalidad que otorga las libertades negativas, las que nos resguardan de las arbitrariedades del Estado; es la que nos confiere las garantías legales ante el avance del Estado sobre las libertades individuales. Es la base de la igualdad ante la ley. Sobre esa base luego se va edificando la democracia, que complementa a la república, otorgándonos los derechos sociales, los créditos, las libertades positivas.



Más que una opinión.
En este contexto, la acción de la señora Pando no se limita a una simple opinión, sino que se configura como una enervación que enfrenta los valores republicanos y democráticos.


En la causa de marras, los imputados fueron juzgados y condenados por el Tribunal Oral Federal de Corrientes por delitos de lesa humanidad. Delitos definidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Derecho, René Jesús s/ incidente de prescripción de la acción penal", como actos "desarrollados por el propio Estado, a través de una política que atenta sistemáticamente contra los derechos fundamentales de una sociedad civil o un grupo determinado de ésta", estipulándose, como bien jurídico protegido, la convivencia pacífica en sociedad. La magnitud de estos delitos, por su perjudicialidad social y repulsa moral, determina que se establezcan gravosas sanciones penales respecto de quienes, teniendo por finalidad defender o garantizar la convivencia pacífica, lleven a cabo, a través del Estado, una política sistemática de exterminio y/o persecución por causas políticas, ideológicas, raciales, sexuales, religiosas y/o étnicas.



Terrorismo de Estado.
Es decir que lo que se juzga, en realidad, es el quebrantamiento de los preceptos republicanos y los valores democráticos por parte de aquellos que tienen la obligación de velar por ellos.


Estas acciones son concebidas como propias del terrorismo de Estado. Es decir, el ejercicio del poder estatal enderezado a la persecución de un "enemigo" indefinido, poniendo a toda la sociedad en estado de sospecha constante. La tipificación de las figuras penales queda al arbitrio de quien detenta el poder, y no de la ley. Se anulan tanto el proceso judicial como las garantías constitucionales, al momento de determinar la pretensión punitiva del Estado de persecución penal sobre hechos delictivos. Se impone un sistema clandestino de persecución penal, signado por la tortura, el homicidio y la desaparición forzada de personas, entre otras características tétricas que definen estos regímenes de terror.


El terror establecido en la sociedad tiene su vertiente interna, a partir de la implantación de una férrea disciplina militar, aplicando a quien haga alguna valoración crítica de las órdenes emanadas verticalmente medidas coercitivas "ejemplificadoras".


Hablamos de regímenes basados en la rigidez dogmática de sus postulados ideológicos, difundidos por medios de propaganda política, en los que se pone énfasis en el carácter mesiánico de la cruzada, identificándola con valores superiores, lo que justifica "excesos" o "daños colaterales".


Nuestra sociedad debe tener en claro que tanto en el caso correntino, como en el caso que condenó a prisión perpetua (y efectiva) a Luciano Benjamin Menéndez en Córdoba, o en el juicio que se inicia en Tucumán por estos días contra Antonio Domingo Bussi y otros, por sobre los sumarios determinados, los que se juzga es la acción sistemática de exterminio llevada adelante por quienes ejercieron, desde un poder omnímodo, el terrorismo de Estado en la Argentina.


No hay ánimo de venganza ni de revancha en las decisiones jurisdiccionales. Los militares imputados son juzgados con todas las garantías que ofrece la Constitución Nacional. Conforme prescribe el artículo 18 de nuestra Carta Magna, ninguno de los condenados por delitos de lesa humanidad ha sido penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Ninguno ha sido juzgado por comisiones especiales ni sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Ninguno ha sido obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Ninguno ha sido privado de la defensa en juicio de su persona y de sus derechos. Ninguno ha sufrido la violación de su domicilio, ni de su correspondencia epistolar y ni de su papeles privados. De ser así, sería la ley (y no la decisión de un jefe militar) la que determinaría en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación.


Por supuesto que, como la Constitución Nacional establece en el artículo precitado, quedan abolidos para siempre (desde 1853) la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes; es decir que ningún Tribunal del país los someterá a torturas, vejaciones, simulacros de fusilamientos, operativos de simulación de enfrentamientos, violaciones, homicidio, persecución, exilio forzoso, apropiación de sus hijos, sustitución de identidad, robo y/o confiscación de bienes. Los condenados serán alojados en cárceles de la Nación sanas y limpias (en estos casos, quizás así sea), para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que so pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija hará responsable al juez que la autorice. Es decir, no serán privados de la libertad en centros clandestinos de detención ni se le impondrá como accesoria a la prisión el sometimiento a condiciones inhumanas. Estarán a disposición de un juez de la Nación, quien deberá responder por su integridad y por las condiciones de su detención.


Observemos entonces que aun a quienes han sido responsables de violaciones masivas de derechos humanos, aquello que Carlos S. Nino denominaba "el Mal absoluto", el Estado de derecho le reconoce todas la garantías constitucionales; las mismas que ellos negaron a los detenidos-desaparecidos.



Visión mesiánica.
Corresponde, sí, a un imperativo de honestidad intelectual referir al hecho de que las organizaciones armadas tampoco creían ni en la democracia, ni en sus instituciones "burguesas"; es más, habían decido combatirla en la creencia de ser la vanguardia esclarecida de un proceso revolucionario que estimaban irreversible. Bajo esta convicción eligieron el camino de la lucha armada.


Pero ello no exculpa las amenazas de la señora Pando, que exceden largamente la persona de los agraviados. Es una injuria a las instituciones de la República y a los valores democráticos. Es una conducta propia de quienes descreen de ello. De aquellos que cultivan la nostalgia por el autoritarismo. De aquellos que, aun después de que la Justicia comprobara fácticamente la comisión de delitos de lesa humanidad, susurran frases de infeliz factura, del estilo "algo habrán hecho" o "a mí nunca me pasó nada porque no andaba en nada raro".



No está sola.
Lamentablemente, Cecilia Pando no es una voz aislada. Es la expresión exacerbada de aquellos que piensan, soterradamente, que la dictadura fue un remedio eficaz a una época signada por la violencia política. Pando es el espejo de quienes intentan equiparar falsamente la violencia de las organizaciones que eligieron la vía insurreccional con el terrorismo de Estado. Lo que es una falacia argumental indigerible, ya que ningún hecho por sanguinario que fuese, ni bajo ninguna circunstancia por excepcional que se precie, puede justificar el accionar clandestino y criminal del Estado. Nunca. Menos de aquellos que desde el Estado montaron un aparato represivo para actuar delictivamente de manera impune.El reverso de esta situación ha sido la labor desarrollada por los organismos de derechos humanos, los que se aferraron a la consigna de mantener viva la memoria y combatir el olvido, luchando por la verdad y la justicia.En este proceso de afianzamiento y consolidación de la democracia no ha sido menor el rol del primer gobierno democrático al impulsar, valientemente, el juzgamiento a las juntas militares a meses de haber salido de la dictadura militar, cuando las Fuerzas Armadas, como quedó demostrado en los posteriores alzamientos militares, eran aún una hipótesis de conflicto real y un factor de poder preciso.Recuperado del estupor que me provocara escuchar las proclamas fascistas de Pando, recordaba las palabras que Raúl Alfonsín pronunciara en ocasión de un reciente homenaje que le tributara el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, declarándolo ciudadano ilustre: "Quien no sepa distinguir entre una democracia formal y una dictadura no conoce la diferencia entre la vida y la muerte".

Rodrigo López Tais es miembro de la Juventud Radical de Córdoba y delegado de la JR ante la IUSY (Unión Internacional de Jóvenes Socialistas), cuya mesa política integra.
jueves, 11 de septiembre de 2008
Editorial del Boletín Nº 1 del Comité Nacional de la JR






BOLETÍN Nº 1 de Información y de Lecturas

Editorial
Está pronto a cumplirse el 25º aniversario de la recuperación de la democracia, y un recordatorio que hubiera podido resultar meramente casual, ha adquirido para los argentinos un significado relevante, en particular tras el conflicto desatado e
ntre los sectores productivos del campo argentino y el gobierno nacional entre marzo y julio de este año. En efecto, este conflicto iba adquiriendo una escalada de consecuencias cada vez más imprevisibles y preocupantes, hasta que la presión popular obtuvo que los actos administrativos cuestionados en sus efectos por un sector importante de la economía, fueran revisado por el Congreso Nacional.

José Luis Romero refirió alguna vez que el conjunto de instituciones que hacen a la República Democrática (esto es, soberanía popular, imperio de una legalidad racional, equilibrio de poderes) eran fruto de una evolución acontecida en determinados estados de la Europa capitalista (lo que incluye a los EEUU), evolución que implicaba tanto a la producción filosófica como al desarrollo socioeconómico, con lo que el drama de la democracia argentina encontraba sus raíces profundas en el transplante de un proceso revolucionario proveniente de otras latitudes que se dio de bruces contra la dura realidad del desierto argentino.

El fracaso de la Argentina liberal, en progresiva democratización desde 1912, se evidenció tras el golpe de estado del 6 de septiembre de 1930 y medio siglo de péndulo cívico-militar.
Por cierto que cuando desde la Juventud Radical hablamos de liberalismo, nos referimos al liberalismo político –no al económico- entendido como doctrina de la libertad de la persona, del respeto y custodia de los derechos humanos por parte del Estado -derechos en constante avance- y de un orden social donde prime la tolerancia en la convivencia, garantizada a partir de instituciones democráticas. Y es claro que no existe libertad sin igualdad de oportunidades y distribución justa del ingreso nacional. No hay libertad sin políticas públicas que operen la reforma económica en una dirección igualitaria.
Y es que en nuestro país, el término liberal fue objeto de un secuestro con tortura incluida, en gran medida por la prédica del economista y político conservador Alvaro Alsogaray, que sirvió para justificar tiranías que ni siquiera eran liberales en economía, porque el Estado fue utilizado para favorecer a empresarios sin espíritu de empresa y configurar un capitalismo de amigos.
[1]

El desprecio a la legalidad republicana, al procedimentalismo presuntamente lento del régimen democrático y las rutinas constitucionales, el culto a la excepcionalidad de la hora de la espada desarrollado por igual tanto por la derecha tecnocrática y el partido militar como por alguna izquierda fascinada por la aurora revolucionaria, concluyeron en la violencia política de los ’70 y el terrorismo de Estado antes y después del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

Aquel golpe se veía como algo inevitable. Y es que el golpe de estado militar constituía un mecanismo incorporado a la constitución política material del país. Así por caso, podemos leer en una circular de la Mesa Nacional de la Franja Morada firmada por su secretario general, J.C. Montero, fechada el 24 de febrero de 1974, donde se procede a la reorganización interna “pues la alternativa de un golpe de estado en el país es cierta y posiblemente cercana”. Se decía allí que la “Juventud Radical tiene distintos frentes de militancia. Uno de ellos, la Universidad, es donde corresponde actuar a Franja Morada. Se evaluó por consiguiente que dicho frente de masas no podía ser abandonado por nuestros militantes” y se detallaban algunas medidas y recomendaciones de seguridad para los militantes radicales reformistas. En otra circular fechada el 10 de abril de 1976, la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical consideraba “la violencia de ultraizquierda que con su accionar ayudó a crear las condiciones propicias para el golpe.” También se analizaba, aunque como causas “menos importantes”, a la “incapacidad de la oposición para romper el aislamiento y ofrecer una alternativa” expresando que “en esto le cabe gran responsabilidad a la conducción de la UCR”, en referencia a la Línea Nacional de Don Ricardo Balbín.

La larga noche del proceso de reorganización nacional y la derrota en la guerra de Malvinas supusieron el retorno de aquellas urnas que estaban bien guardadas. Triunfó el candidato renovador del viejo partido radical, y el peronismo sufrió su primera derrota electoral en la historia.

¿Qué fueron de estos 25 años de ininterrumpida continuidad democrática desde aquella festiva jornada electoral del 30 de octubre de 1983 en que el pueblo argentino votó por los electores de la Unión Cívica Radical que consagrarían a Raúl Alfonsín como presidente de la Nación?

Sin duda que las dificultades económicas y el jaque político y militar al gobierno radical de 1983/1989, y las circunstancias de la salida anticipada del poder
[2] en julio de 1989 opacaron los logros de aquel radicalismo cuya voz pronunciaba que con la democracia se come, se educa y se cura. La renuncia de Alfonsín y la tierra arrasada que dejó la hiperinflación de 1989/1990 dieron lugar a la legitimación popular de los actores políticos que hicieron de las debilidades estructurales de la economía argentina la ocasión de negocios y de una falsa modernidad a la que había que entrar haciendo cirugía mayor sin anestesia.

La democracia pareció volverse aquella rutina electoral de votar cada dos años a los representantes del pueblo, mientras las condiciones sociales y económicas tendían a la pauperización de las mayorías, y las instituciones de la democracia, entre ellas los partidos políticos y los cuerpos legislativos, sufrían una progresiva deslegitimación.

Desde el Comité Nacional de la Juventud Radical, en este último tiempo se ha puesto de resalto el rol que le cupo al Congreso Nacional y a los Partidos Políticos en la canalización de la crisis del 2001/2002, en el momento de mayor deslegitimación social de estas instituciones.

Sin embargo, la respuesta social ante el vacío de poder percibido durante el interregno entre los gobiernos de Menem y Kirchner, fue la legitimidad con que operó la concentración de facultades y recursos en el Poder Ejecutivo Nacional, en desmedro del Poder Legislativo y de las esferas de autonomía correspondientes a las entidades sub-nacionales.

Esta dependencia financiera de las Provincias de un gobierno central con manejos arbitrarios y anómicos profundizó la percepción de una Democracia sin República, e incluso de una Democracia que resultaba poco creíble como tal, lo que se evidencia aun más al analizar los diversos regímenes provinciales existentes, con sociedades civiles subordinadas a un poder político concentrado y fusionado con el poder económico local, sin lugar para expresiones de disensos y a veces, sin garantías para la integridad psico-física.

La presión social que concluyó con el envío desde el Poder Ejecutivo al Parlamento del haz de actos administrativos cuestionados, nos recordaron a acontecimientos que constituyen hitos del parlamentarismo y el constitucionalismo, donde el Rey se veía forzado a convocar al Parlamento o los Estados Generales. No pretendemos ironizar al respecto. La explicación de Romero a que hacíamos referencia, tiene valor para nosotros en la medida que el rol que le cupo al Congreso Nacional en la canalización del conflicto por las retenciones a la exportación de productos agrícolas, significó para el hombre y la mujer argentinos tomar conciencia de la importancia de las instituciones republicanas. Es decir, el hombre de a pie, la gente[3] experimentó en carne propia, en su cotidianeidad, la diferencia que existe entre tener una República y no tener sino una mera fachada de ella.

Los últimos 19 años han sido de gobiernos peronistas, haciendo salvedad del período de dos años y 10 días de nuestro último gobierno. En estos años de hegemonía peronista no es posible afirmar que la Argentina se haya encaminado hacia el éxito, si no mas bien que se ha profundizado el camino hacia el subdesarrollo.

Los argentinos celebramos pues 25 años de Democracia. ¿Qué queremos para los próximos 25? A esa sociedad que hoy nos vuelve a mirar, el partido de los radicales ha de ofrecerles un país integrado al mundo con inteligencia, con un Estado Nacional sólido, ágil y dotado de capacidades burocráticas, imprescindibles para actuar con honesta autonomía. Respeto a las libertades, igualdad de oportunidades, solidaridad fraterna entre todos los hombres y mujeres que habitan el suelo argentino, traducida en políticas públicas que con criterios objetivos construyan ciudadanía. Libertad e igualdad, no mero igualitarismo plasmado en la sola dádiva en clave de clientelismo,

El Radicalismo se está volviendo a vertebrar en la Unión Cívica Radical. Desde el Comité Nacional de la Juventud estamos trabajando para profundizar la tarea de modernización y actualización partidaria, siempre apegados a los postulados libertarios y reformistas plasmados en la Profesión de Fe Doctrinaria.

Hoy es tiempo de trabajo, por la libertad del pueblo, en procura de una Argentina moderna y solidaria. Nuestras herramientas son la pluma y el martillo.

Comité Nacional de la Juventud Radical

[1] Y es que en nuestro país suele llamarse liberales a los conservadores, que si hay algo que no son es, precisamente, liberales.
[2] “Con el sistema vigente entonces, en cambio, se daba una situación paradojal: Alfonsín se veía obligado a seguir gobernando, aunque ya menguada la base de legitimidad de su poder. El Justicialismo había obtenido [en 1987] la mayoría de los votos, gobernaba en casi todas las Provincias, tenía la mayor cantidad de senadores y diputados ¡pero seguía estando en la cómoda posición del partido opositor! No se comprometía con las políticas del Gobierno, ni con las decisiones duras o antipáticas que el Gobierno debía adoptar en materia económica. Peor aún, las saboteaba y criticaba. En 1989 se realizan las elecciones presidenciales que gana el Justicialismo. Pero Alfonsín debe continuar gobernando durante seis meses más, hasta diciembre. Si hasta ese momento ha contado con un poder menguado, desde mayo ese poder prácticamente desaparece [...] Un gobierno sin poder político, ni capacidad de maniobra, se ve obligado a abandonar la escena ¿seis meses antes, como dicen algunos? ¡Mas bien casi un año y medio después!” SALDUNA, Bernardo; julio 1997,
Cabe hacer memoria y mencionar, desde una óptica puramente lúdica, a aquellos que tras azuzar con aquella renuncia del presidente Alfonsín, luego desistieron con malicia y cobardía de competir en una segunda vuelta electoral, habiendo obtenido el primer lugar en la primera vuelta.
[3] Dejando al margen las connotaciones que esta voz contiene y que no son neutras en modo alguno.

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